Recientemente, la Audiencia Nacional de España realizó la lectura pública de la sentencia contra Inocente Orlando Montano. Según el fallo, el coronel en situación de retiro de la Fuerza Armada de El Salvador y exviceministro de Seguridad Pública, entre 1989 y 1992, fue condenado como responsable «en concepto de autor de cinco delitos de asesinatos de carácter terrorista» a veintiséis años, ocho meses y un día de reclusión por cada uno de los asesinatos. En total, más de 133 años. No obstante, la condena no excederá los 30 años de prisión.
El crimen, conocido como la Masacre de la UCA, fue perpetrado en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Junto a los cinco jesuitas de nacionalidad española (Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno), fueron ejecutados Joaquín López, Julia Elba Ramos y su hija Celina. Las tres víctimas de nacionalidad salvadoreña. Además del excoronel, otros 16 militares han sido acusados de ser los autores materiales e intelectuales del múltiple crimen.
El juicio llevado a cabo en España, amparado en el principio de universalidad de la justicia y en la nacionalidad de los cinco religiosos, ha dejado una serie de implicaciones para la sociedad salvadoreña.
En primer lugar, este proceso judicial implica que por primera vez un representante del Alto Mando militar enfrenta a la justicia y es condenado por terrorismo y crímenes de lesa humanidad. Este hecho histórico aviva la posibilidad de esclarecer la verdad y, en consecuencia, hacer justicia en El Salvador. La vista pública en la Audiencia Nacional ha demostrado la campaña de difamaciones, amenazas y atentados que padeció la Compañía de Jesús y un sector de la Iglesia Católica en El Salvador. Efectivamente, hacer justicia no es solo que los culpables respondan por sus actos desde una perspectiva judicial. Eso es incuestionable. Sin embargo, hacer justicia contempla otras dimensiones. El proceso de Madrid ha sido una reivindicación en tanto ha reafirmado la verdad de las víctimas y ha sido una forma de hacer memoria de lo irreparable. Durante la vista pública se insistió, con pruebas irrefutables, que a Ellacuría y a sus compañeros los mató el odio y la irracionalidad. Los mataron por defender los derechos humanos y buscar el camino hacia la paz a través del diálogo y la negociación. Por denunciar que para lograr un verdadero avance democrático en el país era determinante fundar una nueva fuerza armada. Además, con la condena se hace patente que la sangre martirial de estas personas no solo favoreció al proceso de paz. Tres décadas después sigue brindando esperanza a miles de víctimas del país centroamericano.
En segundo lugar, la condena a Montano demuestra que la masacre de la UCA fue una orden premeditada. Asimismo, reafirma que el proceso realizado en 1991 por la justicia salvadoreña estuvo plagado de inconsistencias e irregularidades. La sentencia comprueba que las autoridades de la institución castrense actuaron con notoria alevosía y gozaron de encubrimiento. También expone los rasgos esenciales del funcionamiento de la Fuerza Armada. Ayuda a comprender cómo esa institución operó como una estructura criminal y mafiosa, que utilizó discrecionalmente la violencia y que cometió graves delitos. Que logró erigir un poder político del que todavía quedan resabios y privilegios.
Pese a esos privilegios, la resolución de la Audiencia Nacional española reafirma los hallazgos del Informe «De la locura a la esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador de la Comisión de la Verdad de El Salvador». A su vez, contribuye para que el sistema judicial salvadoreño funcione. Ayuda a que este caso, así como otras graves violaciones a los derechos humanos, retomen el camino de la justicia y la verdad dentro del país. Indudablemente, deja un mensaje optimista. Un mensaje que insiste en que todas esas injusticias del pasado no pueden quedar impunes.
En tercer lugar, como señaló la UCA en su comunicado, «las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría. Expresan la triste realidad de un momento de la historia y lo peor de la condición humana, su capacidad de ofender gravemente a la vida y romper con la fraternidad a la que todos estamos llamados». En esa línea, la universidad, coherente con la posición que ha adoptado durante todos estos años, no concibe este juicio desde el resentimiento y la venganza, sino como un reconocimiento a la verdad. De ahí que apueste por el camino de la reparación y la reconciliación. Sin embargo, para alcanzar la reconciliación es fundamental que los perpetradores reconozcan el agravio, que colaboren a esclarecer la verdad, que se arrepientan del daño causado y que pidan perdón. Pero el perdón no puede existir sin todas las anteriores.
La guerra civil finalizó en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, en aras del avance democrático, la paz se edificó a partir de la injusticia y del desconocimiento al sufrimiento de las víctimas. El fallo de la Audiencia Nacional es un avance. Un ejemplo para conocer la verdad. Este proceso constituye un estímulo para superar la impunidad en El Salvador. Contribuye haciendo conciencia a la sociedad y al mismo sistema judicial para hacerse cargo del pasado y así saldar la deuda histórica que se tiene con las víctimas.
